Pandemonium: a propósito del programa religioso antiderechos cubano I

Una reciente publicación que compartió la cantante cubana Danay Suárez en redes sociales hizo zoom nuevamente sobre los actores religiosos antiderechos en Cuba, un tema complejo, que no tiene respuestas fáciles.

No es más opio de los pueblos la religión que el mercado dictando cada posibilidad y sentido de la vida, o que la corrupción estructural, el despotismo político, la impunidad antidemocrática. Si se trata de opios de la humanidad, la lista es larga.

Explicar la marea conservadora global alegando, sin más pliegues, que “la religión es el opio de los pueblos” es estéril políticamente porque olvida la complejidad de nuestras sociedades y el lugar legítimo que tienen los mundos espirituales y la fe —incluida la religiosa— para las personas y grupos.

El proceso es más complejo: estamos frente a la expansión y el arraigamiento de neoconservadurismos antiderechos, tanto religiosos como seculares. Dentro del marco religioso, esos neoconservadurismos se traducen en lo que analistas llaman actores fundamentalistas. Desde otros enfoques, se habla de reaccionarismos, actores antiderechos o integrismo. Aunque cada categorización tiene sus especificidades, hay cierto acuerdo en algunas características: la construcción de retóricas de enemistad frente a los otros (existe un enemigo de Dios, de la iglesia), una agenda absolutista e intolerante frente a otras posturas (tanto religiosas como laicas), un uso político de la religión, la imposición de sus valores, comportamientos y formas de organización a toda la sociedad, la promoción de pánico moral por el horror del presente en pecado y el porvenir, la especificación de una agenda fuerte contra los derechos de las mujeres y las poblaciones LGTBIQ.

Cuba no llegó demasiado tarde a este concierto fundamentalista que desde alrededor del 2010  tiene importancia en América Latina. Pero el asunto es anterior. Desde la década de 1960 las cúpulas de la iglesia católica y sus brazos más conservadores se expresaron con pulso firme sobre la política sexual, más allá de los muros eclesiales. Pablo VI (1963-1978) y Juan Pablo II (1978-2005) oficializaron la oposición a la contracepción, la homosexualidad, el sacerdocio de mujeres y el aborto (nuevamente), y llamaron alto y claro a las bases a involucrarse en la defensa de esa moral sexual en la sociedad civil y la sociedad política. El “catolicismo integral”, que venía de antes, cristalizó también en actores aparentemente seculares (incluidas ONG). La marea conservadora que vivimos hoy cuenta con ellos.

A la par, entre las décadas de 1960 y 1970 crecieron las iglesias evangélicas, especialmente pentecostales y neopentecostales, y surgieron la “teología de la prosperidad” y la doctrina de la guerra espiritual. A mediados de la década siguiente, ese evangelismo estaba en expansión en las grandes urbes de la región. El catolicismo conservador, aún protagónico, ha tenido que comenzar a compartir sitio con los evangelismos, que amplían su presencia en las comunidades de base, hacen audible su voz pública e influencian a muchos aparatos políticos.

El Plan de Acción de la IV Conferencia de Población —El Cairo, 1994— y la Conferencia Mundial sobre las Mujeres —Beijing, 1995— desataron una reacción conservadora. Poco antes de El Cairo se había elaborado el documento “Evangélicos y católicos juntos: La misión cristiana en el tercer milenio”. La firma fue de voces públicas estadounidenses de ambas alas religiosas y con el documento se ponía entre paréntesis la rivalidad usual entre católicos y evangélicos. La iniciativa no fue reconocida por el Vaticano, pero tuvo calado. Fue base de la militancia contra los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género, la educación sexual y el reconocimiento de las diversidades sexuales. Entre sus objetivos estaba contestar las “leyes existentes contra la obscenidad” y desde ahí planteaban el robustecimiento de ciudadanías religiosas.

Al presente, católicos y evangélicos conservadores han cambiado sus repertorios de acción, ampliado sus bases, focalizando su agenda. A veces actúan en alianza y a veces de modo independiente. Se pueden registrar sistemáticas campañas y movilizaciones para frenar los programas de educación integral de la sexualidad, los derechos de personas trans y homosexuales, y el acceso al aborto legal. La retradicionalización de las familias, la rebiologización de los cuerpos y la moralización religiosa de la esfera pública conforman la matriz desde la cual se especifican los contenidos de su agenda. Todos los países de la región dan cuenta de ello, sin excepción y con independencia del signo político de sus gobiernos.

Sin considerar la complejidad de esos actores, será difícil formular preguntas enfocadas y alternativas ágiles, con posibilidades de audiencia y efectividad más allá del círculo de quienes ya tenemos convicción de que los derechos fundamentales no se coartan, no se moralizan, no se plebiscitan; solo se garantizan, se amplían y se gozan.

Asunto visible en Cuba

La existencia de actores religiosos antiderechos con suficiente robustez como para forzar destinos de la nación irrumpió en las plazas públicas cubanas en 2018, al calor de la consulta popular de la Constitución de la República que se aprobó luego, en 2019. La manzana de la discordia fue la posibilidad de abrir la puerta al matrimonio igualitario. En el proceso se midieron actores diversos (que no hay que entenderlos de una sola pieza): comunidades de fe defensoras de derechos, colectivos LGTBIQ y feministas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos, voces estatales democratizadoras, voces estatales conservadoras, ciudadanía conservadora sin adscripción religiosa y comunidades de fe antiderechos. La combinación de los tres últimos actores mencionados definió la pauta. Si bien la posibilidad no se canceló y aún hay chance en el Código de las Familias por venir, condicionaron el desenlace a un referéndum aún no consumado. Y fue así, aunque es doctrina democrática que los derechos no se condicionan.   

El tema ha vuelto a crisparse a propósito de una publicación que compartió en redes sociales de la cantante Danay Suarez –evangélica, con antecedentes de pronunciamientos antiderechos. Suárez se hizo eco de un tema que ronda redes sociales y medios de comunicación latinoamericanos en las últimas semanas: la supuesta existencia de un colectivo que busca legalizar la pedofilia y reclama silla dentro de la comunidad LGTBIQ. Que ese colectivo no existe como movimiento que busca integrarse a la comunidad LGTBIQ  ha sido verificado, pero la publicación intentaba demostrar que, por la misma ruta argumental que se aprueba la homosexualidad, podría aprobarse la pedofilia. Sórdido y anacrónico el planteo.

Con miles de reacciones y comentarios, la publicación de marras hizo un zoom sobre los actores religiosos antiderechos. El hecho concreto es importante, entre otras razones, porque muestra la capacidad reactiva de distintas voces (las mismas que se confrontaron cuando la consulta popular de la Constitución) y plantea una especie de ensayo general de lo que muy pronto será la puesta en escena del referéndum del Código de las Familias.

Sin embargo, no hay que confundir la parte con el todo. Supongamos que sea posible desactivar, con recursos judiciales y respuesta ciudadana, esos discursos públicos de personas concretas. El logro sería notable y es necesario unir voces para ello sin olvidar, a la vez, que el problema de fondo seguiría firme: programas antiderechos ganan capilaridad en los barrios y territorios offline de una sociedad que ya mostró que los acoge y alimenta.

En el mundo online eso también se verifica. De los miles de comentarios a la publicación en Facebook, la mayoría son críticos al argumento reproducido por Suárez. Pero, no hay que obviarlo, otros muestran apoyo. Aquí tres ejemplos, entre cientos:

Otras personas afirman que el post no está alejado de la realidad y solo intenta alertar de los horrores que vendrán. Hablan de la supuesta “ideología de género”¹, muestran respeto por “una opinión que tiene lógica”. “Muchos quisieran tener este valor”, “la palabra de Dios es la verdadera”, “el documento hace una crítica a los que quieren normalizar el concepto para la homofobia, no es un ataque a la comunidad LGTBIQ”, dicen otros. En ese registro, se pronuncian personas dando apoyo o escucha atenta al programa que está detrás de la publicación. No siempre lo hacen con argumentos religiosos. Algunos declaran que no se habla de religión ni de política, sino de obligaciones con la humanidad.

¿Por qué se han expandido estos programas antiderechos con base religiosa?

Este es, no quepa duda, un proceso complejo. Si no nos desenfocamos del primer plano, nos perdemos el grueso. Existen dos hipótesis recurrentes para explicar por qué se han expandido estos programas antiderechos con base religiosa: 1) la política imperial de los gobiernos de Estados Unidos, que intenta desactivar, como en la Guerra Fría, a los actores populares a través de la alienación religiosa fundamentalista, 2) una suerte de “falsa conciencia” de las personas y grupos que se enrolan en comunidades de fe antiderechos.  

El Tío Sam

La tesis de que el calado de los fundamentalismos religiosos se explica solo por la influencia conservadora estadounidense, no expresa la complejidad del asunto. Hay intereses nacionales en juego y condicionantes domésticas. Sin embargo, la mano del Tío Sam existe, actúa e influye en toda América Latina y en Cuba, intentando desmovilizar a los sectores populares y/o producir cambios en los gobiernos.

La Alliance Defending Freedom, organización conservadora estadounidense que ha demandado al Departamento de Justicia de ese país para oponerse a los avances en salud reproductiva de la mujer y derechos de la población LGTBIQ, es un espacio de capacitación de pastores evangélicos en toda la región.

En la influencia estadounidense tiene un rol fundamental Ralph Drollinger, líder del Capitol Ministries de Estados Unidos. Esa organización evangélica está operando dentro de la Casa Blanca (por primera vez desde el gobierno de Donald Trump, aunque existía en ese país desde 1996) para asegurar discípulos de Jesucristo en la arena política. En los últimos años se ha instalado con representaciones en Paraguay, México, Honduras, Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y ha anunciado aperturas en Nicaragua y Panamá.

En Cuba, la mayoría de las iglesias evangélicas tienen una “iglesia hermana” en Estados Unidos, de la cual reciben apoyo financiero. El Cuba Money Project, del periodista Tracey Eaton, publicó una lista de los proyectos relacionados con Cuba que han recibido la mayor cantidad de fondos del gobierno desde que Trump asumió́ el cargo. El Evangelismo Cristiano Humanitario para Cuba ocupa uno de los primeros puestos (USD 1 003 674). El grupo recibió aproximadamente USD 2,3 millones del gobierno de EE. UU. desde 2009 a 2017.

La influencia de la agenda conservadora estadounidense es un asunto clave a atender, pero no define en exclusiva la horma del asunto. Y eso último también es clave.

¿Falsa conciencia?

La idea de que estas congregaciones religiosas “alienan” a sus feligreses, generan efectos emocionales nocivos o calan en grupos de baja instrucción educativa es miope respecto a lo que sucede en la realidad.

En los sectores populares, sobre todo los evangelismos han ofrecido “las armas para luchar contra el sufrimiento social y personal”, estrategias de supervivencia, redes de apoyo, asidero espiritual, salidas a la frustración, contención de la precariedad, esperanza de salir de la crisis en lazo social. Estas organizaciones llegan a donde muchas veces los compromisos sociales de los Estados no llegan y a donde tampoco llegan, por distintas razones, muchas organizaciones sociales defensoras de derechos.

Estas comunidades de fe ofrecen rituales y construyen comunidad. Eso importa para vivir y sobrevivir, aún más en precariedad y crisis. Por otra parte, su política sexual y en torno a la familia no necesariamente es la opción más indeseada para vidas concretas.

Para muchas mujeres, la retradicionalización de las familias no es peor que parejas que abandonan, golpean o se drogan. La integración a esas comunidades de fe puede plantear un cambio positivo, en el que los roles tradicionales pueden ser una salvación en vida: ahora el marido se ocupa de la casa y ella se debe a él en mejores condiciones. A cambio, asumen que hay que llevar “la verdad” a cada rincón de la sociedad y de las personas. Todas esas son necesidades legítimas. Las estrategias de quienes defendemos derechos deben reconocerlas. Las salidas a esas necesidades es lo que debemos disputar para que sean democráticas, justas e inclusivas. Las comunidades de fe defensoras de derechos tienen mucho que aportar también en ese sentido.

No hay que confundir religión con fundamentalismo ni leer el campo religioso como un bloque. La Teología Feminista y, en general, la teología defensora de derechos se distancia de la agenda fundamentalista y/o se posiciona abiertamente a favor de la equidad de género y de los derechos LGTBIQ. En Cuba eso fue visible durante el proceso de disputa en torno al matrimonio igualitario. La Iglesia Bautista Ebenezer, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Cuba y la Coordinación Obrero Estudiantil Bautista de Cuba estuvieron entre las voces que se pronunciaron a favor de la defensa de derechos.

En Cuba no hay datos públicos actualizados sobre las pertenencias religiosas. Según un Resumen Ejecutivo de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, de 2019, la iglesia católica estima que del 60 al 70 por ciento de la población se identifica como católica (aunque muchas veces eso se refiere a haber recibido el bautismo, pero no implica práctica religiosa sistemática), y la membresía en las iglesias protestantes se estima en el 5 por ciento de la población (dentro de las cuales pentecostales y bautistas son las denominaciones más grandes).² No hay dato cierto, pero se sabe que las iglesias evangélicas han aumentado muy notablemente y que muchas de ellas tienen una agenda antiderechos. El peso del conservadurismo religioso militante en su conjunto quedó claro en el proceso de consulta popular de la Constitución. Aunque pase el contenido del matrimonio igualitario en el Código de Familias por venir (para lo cual debemos luchar incansablemente), hay agenda y actores más allá.

La pregunta política de por qué existen, quiénes son, cómo se expanden y politizan y qué calado tienen los fundamentalismos religiosos, necesita responderse a muchas manos. Leer lo que se disputa en el post de Danay Suárez requiere ir más allá de la publicación y adentrarnos en el pandemonium, esa capital imaginaria del mundo infernal que ven frente a sí quienes ejercen de antiderechos. Para avanzar en ese sentido, necesitamos aguzar la mirada hacia las estrategias que implementan y evaluar el impacto político que están logrando.