Reconocer los cuidados como derecho y como trabajo, todos los días.

El pensamiento y la militancia feministas han sido centrales en el esfuerzo por resituar a los cuidados y a la vida como eje de la reflexión sobre las sociedades que somos y queremos ser.

Y aunque todas las personas −transhistóricamente y en todos los contextos− necesitamos cuidados para vivir, los cuidados están a cargo mayoritariamente de las mujeres.

En enero de 2020, poco antes de que la pandemia de covid-19 llegara a América Latina, un informe de Oxfam registraba que mujeres y niñas en el mundo, especialmente las que viven en condiciones de pobreza y marginación, dedicaban 12.500 millones de horas diarias al trabajo de cuidado sin remuneración, y que el valor monetario anual de ese trabajo era de US$10,8 billones (Coffey et al., 2020).

Ese mismo análisis reiteró, como lo han hecho por años organizaciones de mujeres y feministas, que las labores de cuidados no se reconocen como trabajo cuando son impagas y que, si reciben remuneración, se desarrollan en condiciones mayormente precarizadas, sin protección estatal ni goce de derechos laborales. 

También insistió en la inequitativa redistribución de los cuidados al interior de las familias (las mujeres realizan las 3/4 partes de ese trabajo dentro de los hogares), del mercado laboral (son mujeres ⅔ de quienes realizan trabajo de cuidados remunerado) y entre los distintos agentes sociales (los Estados y el sector privado se des-responsabilizan y las familias y comunidades se sobrecargan).

En América Latina (y en otras regiones del Sur Global) lo anterior se relaciona con una elevada precarización social que también da cuenta de una crisis reproductiva que es estructural, donde la escasez de servicios básicos y los fortísimos ensamblajes que reproducen la pobreza y la exclusión agravan la imposibilidad de sostener la vida.

A partir de 2006 han proliferado los análisis y demandas populares de atención política en este sentido. Ello ha impactado en el plano normativo. Esquivel y Kaufmann (2016) afirman que en esta región existe una normativa relativamente amplia y con contenidos de justicia (comparada con la de otras regiones del Sur Global); países como Ecuador, Bolivia y Venezuela han reconocido en sus Constituciones que TDCNR es trabajo. 

Además, en varios países ha comenzado a contabilizarse el valor de ese trabajo en las cuentas nacionales, para valorizarlo; en Uruguay se ha diseñado e implementado un Sistema Integral de Cuidados y en otros lugares se insta a impulsar políticas en línea similar (por ejemplo, en Argentina, Colombia, México, Paraguay). No obstante, hasta el momento esos pasos no se traducen en una democratización que impacte en la vida social en amplia escala.

Mientras, colectivos de mujeres y feministas continúan reinventando formas de sostener la vida dentro y fuera de las familias, organizándose, buscando y, eventualmente, logrando incidencia institucional, al tiempo que tramando cuidados en las comunidades y territorios diversos.