Encuentro Trabajadoras del Hogar de América Latina y el Caribe: El Convenio 189 No es Suficiente

Con las presentaciones de Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia se realizó el segundo encuentro de trabajadoras remuneradas del hogar de América Latina y el Caribe, “Luchando por el trabajo decente en tiempos de pandemia”, una iniciativa de la Red Regional FESminismos – El Futuro es Feminista,  de la Fundación Friedrich Ebert.

La actividad, que tuvo una primera jornada el miércoles 19 de agosto en la que intervinieron representantes de Chile, Perú, México y República Dominicana, permitió intercambiar experiencias y estrategias de lucha por parte de organizaciones sindicales de diez países de la región, las que destacaron que “la lucha no está en cuarentena”.

Brasil abrió las exposiciones con Luiza Bautista, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadoras Domésticas, FENATRAD, quien señaló que, tal como ocurrió en toda Latinoamérica y el Caribe, vivieron una ola de despidos en el sector. “Muchas trabajadoras, en especial las que laboran por día y las que vivían cerca de sus lugares de trabajo, se enfrentaron a la encrucijada: iban a trabajar o eran despedidas”, dijo. 

En ese país, como es la constante, existe una fuerte diferencia entre las trabajadoras formalizadas y las informales. Los sindicatos brasileños solicitaron al Ministerio de Economía que se tomaran medidas que minimizaran los efectos de la pandemia en las trabajadoras domésticas, pero el Estado optó por, al igual que en otros sectores, aplicar la suspensión total o parcial de contratos como forma de protección. Las trabajadoras levantaron una campaña de sensibilización dirigida a las y los empleadores pero la respuesta fue negativa y la mayoría se acogió a la suspensión.

Luiza Bautista dejó al descubierto la violación de un principio fundamental en la OIT y una práctica prohibida en las normas internacionales de trabajo, que hace relación a que la o el trabajador no debe pagar los costos de contratación, al denunciar que las agencias de empleo que siguieron en funcionamiento, se aprovecharon de la contingencia para ofrecer contratos por horas, pero cobrando un monto a las trabajadoras del hogar que usaban sus servicios. A esto se sumó que debido al confinamiento y a la suspensión de las actividades, se dejaron de hacer audiencias por demandas laborales, “lo que afectó no solo a las trabajadoras domésticas”.

Pese a las dificultades, la FENATRAD se organizó para ir en ayuda de las compañeras que se quedaron sin su fuente laboral y entregó canastas familiares de alimentos y kits de limpieza.

Desde Sao Paulo, Silvia María da Silva Santos, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de ese municipio y directora de FENATRAD, indicó que en ese punto del país, junto a la suspensión de los contratos, hubo reducción de salarios y abusos de contratistas que durante la cuarentena “emplearon a personas en condiciones miserables y las obligaban a trabajar más de 12 horas de corrido por un sueldo mísero”.

La dirigenta leyó un texto que mostró las interseccionalidades en el caso de las trabajadoras migrantes, quienes se encuentran aún más precarizadas y en una situación muy complicada para enfrentar la crisis. “En algunos casos están totalmente esclavizadas, incluso trabajando solo a cambio de alimentación y sin ninguna remuneración”, acusó.

Importancia de la Capacitación y Sindicalización

En el caso de Argentina, hizo uso de la palabra Carmen Britez, de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, UPACP, y vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, para visibilizar la importancia del trabajo organizado y sindicalizado.

La sindicalista informó que si bien cuentan con la ley 26.844 que les otorga protección, la realidad es que en el país hay un millón 200 trabajadoras que todavía se encuentran en la informalidad. Tienen también el decreto 297 del Poder Ejecutivo, que estipula que a partir del 20 de marzo los empleadores/as debían pagar su salario a los y las trabajadoras, incluidas las de casa particular, y se prohibió el despido.

“Desde la UPACP se logró incorporar al IFE a las trabajadoras formales e informales, que es un subsidio de 10 mil pesos, que si bien llegó a gran parte, igual hay muchas que quedaron fuera y no se lo dieron, y tampoco era un monto que cubría todas las necesidades de nuestras compañeras”, precisó.

Las trabajadoras de casa particular en Argentina participaron de la elaboración de un protocolo para que el regreso a su lugar de trabajo fuera de manera segura y que el empleador/a les entregara sus elementos de protección personal. Elaboraron la aplicación “Retorno seguro” que consiste en una autoevaluación sobre el conocimiento de este protocolo tanto de empleadores/as como de trabajadores/as y elaborarán otra APP informativa. Junto con ello, trabajan en campañas con distintos ministerios para avanzar en fiscalización, en el  registro de las trabajadoras, y en el tema del cuidado.

La UPACP desarrolla la Escuela de Capacitación del Personal de Casas Particulares, cuya directora general, Marta Roncoroni, destacó que estas trabajadoras son el primer eslabón de la cadena de cuidados y que los trabajos del hogar, remunerados y no remunerados, que están desvalorizados y naturalizados por la sociedad, en perjuicio de todas las mujeres, “por eso que la escuela, que nace en el año 2006, tuvo como objetivo profesionalizar al sector, desde el saber hacer, bajo el conocimiento de cuanto más se sabe, mejor empleabilidad y mejor trabajo”, acotó.

La directora subrayó que esta escuela es un espacio que permite la construcción de relaciones sociales y laborales entre iguales, en el que se crean lazos, se sociabiliza, las participantes se empoderan como trabajadoras con plenos derechos laborales, aprenden habilidades blandas y es por lo tanto un camino hacia la sindicalización. “Con esa formación se rompe el patriarcado que niega a la mujer el mundo laboral”, acotó.

Gregoria Gabriel, del sindicato de Trabajadoras del Hogar de Cochabamba, Bolivia, se sumó al llamado a sumarse a los sindicatos, puesto que ingresar a uno le ayudó a tomar conciencia de las discriminaciones que vivía como trabajadora.

“En medio de la crisis con más razón se necesitan sindicatos fuertes, no debemos callar porque el silencio es el cómplice para el maltrato y el abuso laboral”, advirtió. La lideresa recordó que Bolivia ratificó el Convenio 189 de la OIT  el año 2012, pero que este hecho, como pasa en la mayoría de los países, no ha asegurado su cumplimiento.

Juana Durán, secretaria de acta y de prensa y propaganda de la Federación de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, organización con más de 27 años de existencia, ratificó estos dichos, al ejemplificar que las trabajadoras remuneradas del hogar no tienen seguro de salud ni seguro de jubilación. “En estos meses, 9 de cada 10 trabajadoras del hogar fueron despedidas en Bolivia”, lamentó.  

Convenio 189: No basta su ratificación

En tanto, Lenny Quiroz, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines, UNTHA, expresó que Ecuador ratificó el Convenio 189, tiene un código laboral que las ampara y una Constitución garantista, pero pese a ello, han sufrido una pérdida de derechos.  

La secretaria general de la UNTHA criticó que la ley humanitaria que pensaron sería beneficiosa para el sector, ha sido mal utilizada por empleadores/as que despiden a las trabajadoras sin ninguna indemnización. Pese a que no era el espíritu de la normativa, ésta finalmente llevó a las trabajadoras a negociar con sus empleadores/as. “Se bajaron los sueldos, se alargaron las jornadas. Lo que habíamos ganado lo hemos perdido en esta pandemia. Las 8 horas que teníamos garantizadas y otros beneficios de ley en casos de despidos, todo se ha perdido”.

En su intervención, Quiroz apeló a la necesidad de una mayor voluntad política de las autoridades para hacer cumplir la legislación y agradeció a mujeres feministas, organizaciones y ONGs. “El Estado no nos apoyó, pero la sororidad entre mujeres fue lo que nos ayudó a sostener este espacio en momentos difíciles”, concluyó.

“El panorama general del trabajo doméstico en Colombia es desalentador”, sostuvo Claribed Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico, UTRASD.

Al inicio del confinamiento, la UTRASD envió un comunicado al Ministerio del Trabajo, a través de la mesa tripartita de seguimiento al Convenio 189 en la que participa. En ella, exigieron al Gobierno que asegurara que las trabajadoras domésticas se mantendrían en sus lugares de trabajo en condiciones óptimas y de no ser posible, garantizara sus salarios, las exonerara del pago de arriendos y les entregara canastas básicas de alimentación. “Hasta el momento, después de 6 meses, no recibimos ninguna respuesta, por el contrario, de los beneficios del Estado casi todas las trabajadoras domésticas se quedan fuera”, manifestó.

Para la dirigenta sindical, las trabajadoras del hogar siguen siendo de segunda categoría. “Venimos hace más de 7 años luchando contra la indiferencia de la sociedad empleadora, ahora además luchamos con la indiferencia del Estado, al no reconocernos. Cualquier medida que tomen para beneficiar a la sociedad a nosotras nos excluye”, remarcó.   

La presidenta de UTRASD estimó que las mujeres que conservan su trabajo “lo están haciendo a un costo muy alto, han tenido que someterse a trabajar internas, sin salidas los fines de semana, ha habido despidos por contagios, personas despedidas a las que no les han reconocido sus liquidaciones, jornadas extenuantes”. Frente a ello, la organización continúa con su trabajo de formación política, el que consideran clave para la defensa de sus derechos.

Por su parte, Lucía Gándara, presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas del Uruguay, país donde las trabajadoras remuneradas del hogar han alcanzado destacados logros, explicó que todas las y los trabajadores registradas/os en la Seguridad Social tienen derechos garantizados y las del sector cuentan con una ley especial desde 2006.

Hasta diciembre de 2019, el Banco de Previsión Social registraba unas 76.500 trabajadoras de casa particular. Los números oficiales muestran que entre marzo y julio, 1.440 han sido despedidas. Actualmente las trabajadoras se encuentran en un proceso de negociación colectiva para fijar los  salarios. Defienden que se ajuste al convenio vigente hasta julio de 2021 y no verse obligadas a aceptar un menor aumento  para mantener el puesto laboral por el contexto de pandemia.

En torno al seguro de empleo o de enfermedad que las trabajadoras de casa particular tienen por derecho, solicitaron al Estado uruguayo que contemplara el multiempleo, que es una modalidad común en el sector, lo que fue acogido. Pidieron además, que se entregue una solución para aquellas trabajadoras que no llegan a los jornales exigidos por el Banco de Previsión Social, punto para el cual  aún esperan la respuesta del Gobierno.

En el caso de las trabajadoras informales, que no tienen seguridad social, el Ministerio de Desarrollo Social les otorga una ayuda en dinero, que a juicio de la dirigenta es totalmente insuficiente. “Nos preocupan las compañeras que tienen hijos/as, que la mayoría de las mujeres son jefas de hogar”, puntualizó.

Sistemas de control y reclamación

En el encuentro participó Víctor Hugo Ricco, especialista en la Oficina de Actividades para los Trabajadores, ACTRAV, de la OIT, quien animó a las trabajadoras a informar y visibilizar las situaciones que se viven en sus respectivos países en el Estudio General 2021-2022 sobre Trabajo Decente para Trabajadoras/es de la Economía del Cuidado, y a hacer uso del sistema de control y los espacios de reclamación cuando hay violaciones del Convenio 189 sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos.

El abogado recalcó que todo informe que presenten los gobiernos a la OIT, deben tener una consulta tripartita, con la organización de trabajadores/as más representativa del país y la de empleadores. En el caso del Convenio 189, se pide que se consulte a las organizaciones de trabajadoras del hogar.

Por último, enfatizó que las situaciones de emergencia no pueden justificar acciones que limiten los derechos de las trabajadoras y que cualquier medida en este ámbito debe ser transitoria y  consensuada en diálogo social, de otra forma se podría pasar de la actual crisis sanitaria, económica y social a una crisis de derechos laborales y humanos.

Esta publicación es parte del trabajo colaborativo entre Página19 y FESminismos – El Futuro es Feminista.